España

La fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Homs por desobediencia en el 9-N

EL PAÍSREYES RINCÓN
La fiscalía del Supremo presentó ayer el escrito de conclusiones provisionales en el que pide que se juzgue al exconsejero de Presidencia de Cataluña, que dado su actual cargo de diputado del Congreso está aforado ante el alto tribunal. Los delitos de los que le acusa son los mismos que la fiscalía de Cataluña atribuye al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. También coincide la petición de pena, aunque en el caso de Mas el fiscal solicita 10 años de inhabilitación por su mayor responsabilidad en la organización de la consulta.
La fiscalía se pronuncia después de que el pasado 29 de diciembre el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Andrés Palomo, diera por concluida la instrucción. En su informe, la fiscalía afirma que Homs no solo "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia", sino que hizo todo lo posible para que esta se llevara a cabo.
El diputado del PDECat culpó al Estado de falta de "cultura democrática" tras conocer la petición de la fiscalía y anunció que, suceda lo que suceda, no abandonará su carrera política: "No pienso apartarme porque lo diga la fiscalía. Seguiré haciendo política". Homs, que aseguró sentir "asco" del sistema político español, cree que se está presionando para "que no se haga el referéndum".
Homs, según el fiscal, "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI [el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació que dio apoyo tecnológico a la consulta] para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y potenció, tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, el desarrollo del denominado proceso participativo".
El fiscal asegura que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional". La petición de pena conjunta para los dos delitos que le atribuye asciende a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos. Pero si el tribunal optara por castigar los delitos por separado, el fiscal solicita por la prevaricación la inhabilitación durante siete años y medio y por la desobediencia, una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación de un año y un mes.
El escrito detalla las acciones llevadas a cabo por el departamento que dirigía Homs para hacer posible la consulta después del veto del Constitucional: en primer lugar, según el fiscal, durante los días 7 y 8 de noviembre se materializaron "tareas esenciales" relacionadas con la infraestructura informática diseñada para que la votación pudiera celebrarse. La participación de Homs "resultó crucial" en este punto, advierte la acusación, ya que legitimó los trabajos de la empresa cuando esta expresó dudas por la decisión del Constitucional.
El escrito señala también que la sede del CTTI acogió cursos a los voluntarios sobre los programas informáticos de la consulta; que estos se instalaron en 7.000 portátiles adquiridos por la Generalitat y que en la sede del CTTI se instaló la infraestructura para controlar la votación.El fiscal alude también a que fue el departamento de Homs el que efectuó las obras en el pabellón italiano de Montjuïc para instalar el centro de prensa internacional, que se realizaron ya con la consulta suspendida por el Constitucional.
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Sources
Challenges
Courrier international
EL PAÍS
L'Humanité
La Croix
La Vanguardia
Le Figaro
Le Monde
Le Parisien
Les Echos
Libération
NY Daily News
Sciences et Avenir